El 11 de septiembre, el Tribunal Supremo de Brasil impuso severas penas al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete acusados, incluyendo a tres militares de alto rango, por conspirar contra la democracia e intentar un golpe de Estado. En este caso, la justicia brasileña reafirmó su compromiso con el Estado de Derecho y envió un mensaje claro de que las acciones antidemocráticas no serán toleradas. Sin embargo, a pesar de este veredicto, las próximas elecciones en 2026 plantean un desafío significativo para la estabilidad democrática. La condena de Bolsonaro puede fortalecer la confianza en las instituciones, pero también podría avivar la polarización y la inestabilidad política en el país.