La Corte Suprema de Brasil autorizó la salida temporal de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por liderar una trama golpista tras las elecciones de 2022, con el objetivo de que se someta a una cirugía por una hernia inguinal. La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso en el Supremo Tribunal Federal (STF), tras recibir un informe médico de la Policía Federal. De acuerdo con el dictamen médico oficial, Bolsonaro no respondió a los tratamientos no quirúrgicos y presenta un deterioro en su estado general, incluyendo problemas de sueño y alimentación. Por ello, los especialistas recomendaron una intervención lo antes posible, lo que motivó la autorización judicial para su traslado puntual desde la sede de la Policía Federal en Brasilia al centro médico correspondiente, según el STF. En la misma resolución, el juez Alexandre de Moraes rechazó el pedido de prisión domiciliaria humanitaria solicitado por la defensa del exmandatario Bolsonaro. El magistrado argumentó que existe una ausencia total de los requisitos legales para conceder ese beneficio, de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación brasileña y la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. La decisión se sustenta en el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas previamente a Bolsonaro. Entre los elementos considerados, figura un informe pericial de la Policía Federal que indica que el expresidente intentó dañar su tobillera electrónica con la ayuda de un soldador, provocando daños al dispositivo, lo que fue interpretado por el tribunal como un acto concreto que evidencia riesgo de fuga. El juez del Supremo también citó como antecedente relevante un documento de 33 páginas encontrado en uno de los teléfonos del líder ultraderechista, en el que Bolsonaro habría solicitado asilo político al Gobierno de Argentina. El pedido se habría producido en el contexto de las primeras diligencias judiciales abiertas en su contra por el intento de golpe de Estado, según consta en el expediente judicial. De acuerdo con la documentación incorporada al proceso y divulgada por el STF, la solicitud de asilo fue considerada un indicio adicional de la intención del exmandatario de evadir la acción de la justicia brasileña. Este elemento reforzó la evaluación del tribunal sobre el riesgo de fuga y fue uno de los argumentos para descartar el arresto domiciliario, según fuentes judiciales. En un proceso paralelo, la presidencia de la Cámara de Diputados de Brasil declaró la pérdida de mandato del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, por superar el límite de ausencias no justificadas permitido por la Constitución. La decisión fue confirmada por el titular de la Cámara, Hugo Motta, tras constatar que el legislador acumuló 59 inasistencias sin causa válida. Eduardo Bolsonaro viajó a Estados Unidos en marzo y, según el Supremo Tribunal Federal, realizó gestiones para presionar a autoridades extranjeras con el fin de interferir en el proceso judicial contra su padre. Estas acciones derivaron en una imputación por presunta coacción a la Justicia, en el marco de la investigación por la trama golpista que llevó a la condena de Jair Bolsonaro, según informaron fuentes del STF y del Congreso brasileño.
