El Senado brasileño aprobó una legislación para combatir el crimen organizado después de un operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. La propuesta, inicialmente impulsada por Lula da Silva, fue endurecida por partidos de derecha. El proyecto, que introdujo el delito de ‘facción criminal’, busca penalizar a grupos con control territorial. La ley fue bien recibida por sectores políticos radicales, pero criticada por organizaciones de derechos humanos y aliados de Lula. La nueva legislación, que deja fuera la equiparación de facciones criminales y grupos terroristas, refleja los intentos de Brasil de fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico. La aprobación de una enmienda constitucional que restringe los derechos de los pueblos indígenas también generó controversia en el Senado, al limitar sus reclamos de tierras ancestrales a las ocupadas en octubre de 1988.